Los expertos de la ONU alertaron que en Colombia se imponen cargos por presunto terrorismo con el fin de procesar a personas de protestas antigubernamentales.
Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas acusaron al Gobierno de Colombia de “utilizar indebidamente medidas antiterroristas y delitos penales graves como el terrorismo” con el fin de procesar a participantes de protestas antigubernamentales.
“El uso de acusaciones tan atroces para perseguir conductas violentas durante las protestas supone una grave amenaza para la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, afirmaron los expertos en un comunicado donde instaron a las autoridades a garantizar que los cargos que se presenten se ajusten al derecho internacional.
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La actual práctica de imponer cargos por presunto terrorismo, afirmaron, “tiene un efecto amedrentador y fomenta las campañas de vilipendio contra los movimientos de protesta en el país”.
Los expertos señalaron que 228 personas que participaron en las protestas de 2021 han sido acusadas de delitos graves, entre ellos terrorismo y conspiración para delinquir, por los que algunas personas se enfrentan a más de 22 años de prisión.
Más de 180 manifestantes permanecen en prisión o bajo arresto domiciliario, a pesar de las disposiciones legales que permiten la puesta en libertad de las personas detenidas en relación con las protestas para que puedan esperar su juicio en libertad, señaló el comunicado.
Entre esos detenidos hay manifestantes pacíficos y jóvenes que presuntamente dañaron bienes públicos y privados y participaron en actos violentos y destructivos, matizaron los expertos, que condenaron “cualquier tipo de violencia durante las protestas”.
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“Aunque reconocemos la responsabilidad del Estado de responder a la violencia, e investigando, previniendo y disuadiendo tales actos, las personas violentas entre manifestantes pacíficos deben ser tratadas con justicia y de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos”, afirmaron los expertos.
Entre los firmantes de los comunicados figuran los relatores de la ONU para el derecho a reunión pacífica (Clément Voule), lucha contra el terrorismo (Fionnuala Ní Aoláin) y defensores de derechos humanos (Mary Lawlor).
