La Fiscalía de Estados Unidos pidió a la Corte Federal del Distrito Sur de Florida rechazar un recurso de amparo que presentó el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Leiva con el propósito de frenar su extradición a Colombia.
Basado en la “vigencia” del tratado de extradición entre ambos países y el rechazo al argumento de la defensa sobre la falta de jurisdicción del juez John J. O’Sullivan, entre otros aspectos legales, la Fiscalía solicitó proseguir con la extradición en un documento de 47 páginas.
En septiembre pasado, el juez federal O’Sullivan avaló la extradición del exministro de Agricultura por los cargos de peculado a favor de terceros y celebración ilegal de contratos, tras ser condenado en Colombia por la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía enfatizó hoy que el Tratado de extradición “entró en vigencia el 4 de marzo de 1982 y continúa vigente, y continúa sirviendo como una valiosa herramienta de cumplimiento de la ley internacional y un componente vital de la política exterior de Estados Unidos en América Latina”.
Señaló que en caso de que se justificara que la Corte Suprema de Colombia haya anulado la legislación que ratifica el Tratado, de todos modos “la Corte (en EE.UU.) debe ceder ante la opinión del Departamento de Estado de Estados Unidos de que el Tratado está en vigor”.
Arias presentó en octubre pasado un “hábeas corpus” en rechazo de la decisión de O’Sullivan y contra el fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions; el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el jefe en activo del centro de detención de Miami, Robert Wilson.
En su respuesta, la Fiscalía criticó hoy que “sin autoridad de respaldo” la defensa argumenta de forma “sensacional” que Arias fue juzgado por una corte “corrupta y politizada” y que olvida, además, la premisa que prohíbe a Estados Unidos “juzgar a sus contrapartes extranjeras”.
Agrega que la defensa carece de apoyo “fáctico o legal” al argumentar que los dos delitos por los que fue condenado en Colombia no están incluidos por el tratado, informa Efe.
“Tal conducta era punible en Colombia y habría sido equivalente a malversación de fondos y delitos de falsificación en Estados Unidos, si se hubiera cometido aquí”, precisó la Fiscalía.
