La Fiscalía General de la Nación investiga supuestas irregularidades en el manejo de los bienes incautados al exsenador Otto Bula por parte de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.
En los juzgados de Paloquemao, el pasado 14 de junio, fue suspendida la audiencia en la que un juez decidia si avalaba o tumbaba el acuerdo firmado entre Bula y el ente acusador, el cual pretendia entregar un bien al Estado como parte de reparación a las víctimas.
El predio se encuentra úbicado en el departamento de Córdoba, está avaluado en más de $3.000 millones y fue ocupado con fines de extinción de dominio por la Fiscalía en el marco de los operativos realizados por el caso Odebrecht.
Por ahora, el ente acusador abrió investigación en contra de los funcionarios de la SAE que tomaron la determinación de entregar el lote a una tercera persona, el objetivo es esclarecer si se trató de un error administrativo o de una conducta intencional.
Por su parte, el juez del caso, aseguró que es fundamental que exista garantía de que el lote pasará a manos del Estado, sin embargo, primero se debe resolverse la actuación de la SAE en cuanto a la adjudicación de ese terreno.
