La Corte Constitucional le puso fin al choque de trenes entre la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Especial para la Paz por la administración de los bienes no reportados de las Farc.
La alta corte determinó que el ente acusador tiene la competencia para adoptar medidas cautelares sobre los bienes de la antigua guerrilla.
Así lo informó la presidenta del alto tribunal, Gloria Stella Ortiz, quien declaró en una rueda de prensa que por una votación con nueve votos a favor y ninguno en contra la corte dirimió el conflicto de intereses que existía entre la Fiscalía y la Justicia Especial para la Paz (JEP).
La polémica entre el ente acusador y el tribunal extraordinario se desató en agosto del año pasado luego de que la JEP le diera un plazo de máximo 30 días hábiles a la Fiscalía, al Ministerio del Interior y la Superintendencia de Notariado y Registro para entregar la información sobre los bienes reportados por las Farc luego de su desmovilización.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP advirtió entonces que la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Notariado y Registro debían prestar “en forma eficaz e inmediata colaboración (…) so pena de quedar sometidos a las sanciones por desacato”.
En ese sentido, la magistrada Ortiz manifestó que la decisión de la Corte Constitucional deja sin efectos “las actuaciones adelantadas por la JEP relacionadas con la solicitud de imposición de medidas cautelares sobre los bienes objeto de extinción de dominio por su relación con las Farc”.
Asimismo, la corte ordenó que ese expediente sea remitido a “la sección de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad del tribunal para la paz para que proceda a su archivo previa comunicación de esta decisión a los interesados en la causa”.
Esas personas, agregó la presidenta del Constitucional, podrán acudir a la Fiscalía para pedir la adopción de las medidas cautelares que consideren pertinentes sobre los bienes de las Farc en caso de que cumplan con “los presupuestos de legitimación correspondientes”.
De igual forma, la sentencia del tribunal advierte que esos bienes incautados a las Farc están destinados a “la reparación de las víctimas del conflicto armado, por lo que en conjunto con las autoridades correspondientes deberán velar para que se adopten las acciones respectivas para garantizar dicha finalidad”.
En el acuerdo de paz que el Gobierno y las Farc firmaron en noviembre de 2016, la guerrilla adquirió el compromiso de entregar los recursos con que contaban para reparar a las víctimas.
El listado que entregó las Farc a la Misión de la ONU en Colombia en 2017 levantó una fuerte polvareda luego de que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, exigiera identificar “cabalmente los activos” de ese grupo y advirtiera que relacionaron en la lista escobas, tazas, botas e incluso tratamientos médicos como posesiones, informa Efe.
La guerrilla afirmó entonces que el inventario se hizo “con el máximo rigor posible” y desvirtuó las críticas de diversos sectores al advertir una “intención política” de entorpecer la implementación de la paz.
