La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra varios funcionarios y una exfuncionaria de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, por presunto incumplimiento del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses.
Los implicados en esta decisión, según la Procuraduría, son Jaime Alberto Leal Afanador, rector y Nancy Rodríguez Mateus, gerente Administrativa y Financiera, funcionarios actuales; y Socorro Magdalena Pinzón Pulido, directora ejecutiva de la sede en Florida y, a su vez, vicerrectora de Relaciones Internacionales de la institución de educación superior, para el año 2014.
Al rector Afanador se le cuestionó porque presuntamente contrató a Daiana López Leal, con quien tiene parentesco en tercer grado de consanguinidad, en el cargo de directora del Centro de Idiomas de la sede de la universidad en el estado de La Florida (Estados Unidos).
En su condición de rector y presidente de la Junta Directiva de la UNAD en La Florida, se le reprochó en el segundo cargo, el presuntamente solicitar al cuerpo colegiado y aprobar un auxilio educativo por un valor que asciende a 8.427 dólares para que Germán Posada Pinzón, hijo de la entonces directora ejecutiva de dicha sede, adelantara estudios en la Universidad de Harvard.
Nancy Rodríguez podría estar incursa en falta disciplinaria porque, al parecer, no habría incluido en el informe de la Oficina de Presupuesto, correspondiente a la vigencia fiscal 2012 de la universidad, la suma de $1.756,2 millones como ingresos propios, recibidos por servicios educativos en la sede de la Florida.
A Pinzón Pulido se le cuestionó primero por, presuntamente, percibir simultáneamente dos asignaciones salariales, a sabiendas que era titular como directora ejecutiva y que había sido encargada de las funciones de vicerrectora a través de la Resolución 6086 del 10 de diciembre de 2012, que en su artículo segundo expresamente resolvió que no percibiría asignación salarial por su desempeño en este cargo.
Respecto a Rodríguez Mateus consideró la Procuraduría que podría estar incursa en falta disciplinaria porque, al parecer, no habría incluido en el informe de la Oficina de Presupuesto, correspondiente a la vigencia fiscal 2012 de la universidad, la suma de $1.756,2 millones como ingresos propios, recibidos por servicios educativos en la sede de la Florida.
