La Procuraduría General de la Nación informó que formuló pliego de cargos a varios funcionarios y exfuncionarios del Banco Agrario, por presuntamente viabilizar y contratar en el 2014 la adquisición de compra de cartera de libranza a descuento con Estrategias en Valores S. A.- Estraval.
Según el Ministerio Público esa sociedad no tenía la experiencia mínima requerida por la entidad financiera para originar créditos de libranza.
Los funcionarios involucrados son la gerente nacional de Análisis de Crédito, Angélica María Castro Rodríguez; la gerente de Ventas de Banca de Consumo, Rosmary Malaver Figueroa; y el subgerente de ventas de Banca de Consumo, Hernán Guillermo Urrego Olarte.
Además el expresidente, Álvaro Miguel Navas Patrón; vicepresidente de Crédito y Cartera, Gloria Marcela Ferrán Muñoz; profesional sénior de la Gerencia de Ventas de Banca de Consumo, Claudia Andrea Rojas Caicedo; subgerente de Crédito Empresarial y Oficial, Óscar Mauricio Romero Carrillo; profesional sénior de Análisis Financiero, Irleana Martínez Barahona; y analista financiero de la Vicepresidencia de Crédito y Cartera, Henry Federico Toledo Ospina.
De acuerdo con las pruebas recaudadas por la Procuraduría, los investigados habrían omitido verificar el requisito de experiencia mínima de tres años de Estraval y de esta manera incumplieron la política aprobada por el Banco Agrario para esa línea de negocio y el Manual de Políticas de Crédito, Cartera y Garantías, entre otras normas.
Según la Procuraduría con ese préstamo se habría podido poner en riesgo los recursos públicos que maneja el Banco Agrario.
“Al parecer, Estrategias en Valores S. A. no era originadora de libranzas sino intermediaria en la compraventa de cartera que realizaban sus cooperativas aliadas, las cuales se habrían negado, posteriormente, a transferir los dineros recaudados directamente al banco”, detalló el ente regulador.
Los implicados habrían podido incumplir un numeral de una Circular Externa de la Superintendencia Financiera de Colombia el cual establece que los establecimientos “conozcan y documenten las políticas y procedimientos de crédito del originador en cada uno de los procesos: otorgamiento, seguimiento y recuperación”.
