El general Jorge Romero, quien recientemente fuer retirado del Ejército Nacional, se refirió a las decisiones que tomó la institución y el Ministerio de Defensa tras las denuncias en su contra por presunta corrupción.
Romero afirmó que la decisión lo sorprendió, ya que pensó que el Ejército le otorgaría la “presunción de inocencia” que se le da a cualquier persona para que demuestre su inocencia, “consideré a la institución garante del derecho a la presunción de inocencia, como hasta la fecha lo había sido, pero, hasta el último día soy respetuoso de las decisiones de mis superiores y por eso acataré la orden como corresponde”.
El uniformado fue llamado a calificar servicios por los señalamientos sobre malos manejos en los gastos y salvoconductos al interior del Ejército, esto porque se estarían ofreciendo a cambio de delatar quiénes habrían sido los militares que dieron a conocer a medios de comunicación las exigencias de presuntas ejecuciones extrajudiciales más conocidas como falsos positivos.
“Quiero dejar claridad en cuanto a primero, el comandante de la brigada no es competente para expedir ni ordenar que se expidan los permisos, para esto existe comité que estudia y avala dichas solicitudes en el marco de la ley”, aseguró Romero.
Igualmente, el comandante de Acción Integral explicó que en su momento ordenó investigar a un coronel del Ejército por irregularidades en la expedición de permisos especiales en el CAI de Laureles en Medellín, también que con respecto al porte de armas relacionado con “La Oficina de Envigado”, estos fueron expedidos cuando él ya no hacía parte de la Cuarta Brigada de Medellín.
“Sobre todo para honrar a la institución a la que he servido con lealtad y honestidad por más de 33 años y a quienes hacen parte de ella, porque sin duda estas acusaciones en mi contra son una estrategia de quienes buscan afectar el buen nombre de las instituciones”, afirmó el militar con respecto a demostrar su inocencia a través de los medios que sean necesarios.
