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El Gobierno aseguró este lunes que seguirá buscando por todos los medios disponibles para mejorar la seguridad de los excombatientes de las Farc y que el Estado no ha sido negligente frente a los ataques de los que han sido víctimas los desmovilizados.
“No hemos ahorrado esfuerzos y no desmayamos en este propósito. No puede haber sospechas de connivencia o negligencia de parte del Estado frente estos ataques”, dijo el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila.
Exguerrilleros de las Farc emprendieron el pasado 21 de este mes en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta, una marcha hacia Bogotá para protestar contra los asesinatos de que han sido víctimas 234 de sus compañeros desde la firma de la paz en 2016.
La peregrinación “por la vida y por la paz” espera realizar en Bogotá una serie de actividades el 1 y 2 de noviembre, según informó este lunes un vocero del partido político.
La protesta se originó luego del asesinato, el pasado 16 de octubre en Mesetas, del exguerrillero Juan de Jesús Monroy, líder de la reincorporación en el Meta, y de su escolta, Luis Alexander Largo.
El consejero Archila reiteró la disposición del Gobierno al diálogo con el partido político para avanzar en el mejoramiento de las medidas y señaló que “nos duelen todas las muertes y nunca hemos estado con los brazos cruzados ante los criminales”.
“No hay un teléfono que no se haya contestado ni ninguna reunión que no se haya realizado y, por el contrario, le hemos solicitado muchas veces toda la información disponible para mejorar las medidas y las investigaciones”, aseguró el funcionario durante la presentación de un informe de entidades de gobierno sobre las medidas especiales para proteger la vida de quienes están en proceso de reincorporación.
Archila recordó que el 61% de los casos de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición resueltos por la Fiscalía fueron ordenados por las disidencias de las Farc (42%), la guerrilla del ELN (10%) y el Clan del Golfo (9%).
Las investigaciones de la Fiscalía han permitido esclarecer el 50 por ciento de las 319 afectaciones contra los excombatientes y sus familiares registrados desde 2017 hasta octubre de 2020. Efe
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