El Tribunal Administrativo de Cundinamarca multó hoy a la constructora brasileña Odebrecht con 800.000 millones de pesos y la inhabilitó por 10 años para celebrar contratos con entidades oficiales como consecuencia de los actos de corrupción en los que se vio implicada en Colombia.
Con esta decisión el tribunal acogió la solicitud hecha por el procurador general, Fernando Carrillo, para “proteger la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público” frente a Odebrecht.
Según la Fiscalía, la constructora pagó sobornos en Colombia por 84.000 millones de pesos para hacerse con el contrato de la carretera Ruta del Sol II.
En el fallo se determinó que la compañía brasileña deberá indemnizar a la nación con 800.156.144.362 pesos.
Para ello, se ordenó realizar “el embargo de las cuentas bancarias y los dividendos obtenidos por las sociedades Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Estudios y Proyectos del Sol S.A.S.-Episol S.A.S., CCS Costructores S.A., y seis personas naturales”.
También, el tribunal inhabilitó a la multinacional “por 10 años” para contratar con entidades oficiales y declaró la suspensión total del contrato de la Ruta del Sol, sus adiciones y modificaciones.
El escándalo de Odebrecht se avivó el mes pasado luego de que Noticias Uno emitiera una entrevista grabada en agosto con el ingeniero Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el caso, en la que aseguró que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocía desde 2015, antes de estar en el cargo, las irregularidades de la brasileña.
Pizano falleció el pasado 8 de noviembre de un paro cardíaco y tres días después su hijo, Alejandro, también murió luego de beber una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre y que contenía cianuro.
Para llevar tres de las investigaciones contra Odebrecht hoy fue elegido el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, Leonardo Espinosa Quintero, como fiscal ad hoc, informa Efe.
El pasado 16 de noviembre la vicefiscal general de Colombia, María Paulina Riveros, pidió a la Corte Suprema de Justicia estudiar “la viabilidad” de nombrar un fiscal ad hoc luego de que una red de veedurías presentó una recusación para que se apartara de la investigación sobre Odebrecht por su cercanía con Martínez.
