La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 12 años a la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, y por 10 años a los exgobernadores encargados, John James Fernández López y Julio Ernesto Ospina Gómez, por irregularidades en contratación con las Empresas Públicas del Quindío y la Promotora de Vivienda del Quindío.
La Segunda Delegada para la Contratación Estatal encontró que los disciplinados participaron en actividad contractual transgrediendo el principio de transparencia y el deber de selección objetiva de la contratación estatal, al suscribir seis convenios interadministrativos con EPQ y Proviquindío, sin tener en cuenta que estas entidades no tenían la capacidad para ejecutar los objetos contractuales.
El órgano de control estableció que los investigados utilizaron la excepción para la contratación directa, sin que existiera la causa legal para no adelantar el proceso de contratación, y no permitieron la participación de personas naturales o jurídicas que estaban en la capacidad de ejecutar las obras que se contrataron, a través de los convenios para la reposición de alcantarillados, construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, construcción y mejoramiento de vivienda, entre otros.
La Procuraduría calificó la falta de los exgobernadores Sandra Paola Hurtado, Jhon James Fernández López y Julio Ernesto Ospina Gómez, como gravísima a título de culpa gravísima.
