La JEP ha resuelto definitivamente la situación jurídica de 64 miembros de la fuerza pública.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el cierre de todos los procesos penales y la eliminación de antecedentes judiciales de 11 militares implicados en el asesinato de dos indígenas ocurrido en 2005, al concluir que aportaron a la verdad para esclarecer los casos.
Los militares, que ya no están en el Ejército, no fueron considerados máximos responsables en casos de ‘falsos positivos’, como se conoce en el país el asesinato de civiles a manos de miembros del Ejército, que luego presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para recibir ascensos y permisos, entre otros.
El magistrado de la JEP, José Miller Hormiga, dijo que la determinación beneficia a 11 comparecientes de la fuerza pública que integraron el Batallón de Artillería n.° 2 ‘La Popa’, quienes participaron en el asesinato de Nohemí Pacheco, una niña del pueblo wiwa de 13 años, y Hermes Enrique Carrillo, un joven kankuamo de 23 años.
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“Ambos fueron presentados como falsas bajas en combate, en Cesar, en 2005”, pero los militares -un teniente, un cabo y nueves soldados profesionales- “no fueron hallados como máximos responsables en este crimen”.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que, aunque los 11 exintegrantes del Batallón ‘La Popa’ hicieron parte de la organización criminal que operó en esa unidad militar, no tuvieron un “rol decisivo ni de liderazgo en el diseño o la puesta en marcha del plan criminal, o en la definición y ejecución de los patrones criminales encontrados” por el alto tribunal.
Este hecho hace parte del patrón macrocriminal identificado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP en 2021, cuando imputó como máximos responsables a 15 integrantes del Batallón ‘La Popa’, con sede en Valledupar, capital del departamento del Cesar.
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“En efecto, aunque estas personas (los militares) eran conscientes de la comisión de asesinatos a través de falsos combates, pese a su ilegalidad, guardaron silencio y contribuyeron a su comisión ejerciendo diversas tareas, incluido el asesinato de las víctimas”, dice el fallo de la JEP.
Igualmente, los militares reconocieron que las víctimas no eran miembros de ningún grupo armado ilegal, como se aseguró en el momento de los hechos; también dieron detalles de la forma en que fueron sacados de sus hogares en contra de su voluntad y trasladados a pie hasta el punto en el que fueron asesinados.
Con estos 11 comparecientes, la JEP ha resuelto definitivamente la situación jurídica de 64 miembros de la fuerza pública. De ellos, 63 no fueron hallados máximos responsables en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
EFE
