Es la primera vez que la JEP imputa crímenes a exlíderes de las Farc por el delito de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este miércoles a diez antiguos miembros de dos frentes de las extintas FARC por 14 crímenes de guerra y lesa humanidad, que incluyen homicidios, desplazamiento y reclutamiento de menores, cometidos en el país.
Se trata de las primeras imputaciones de este órgano de justicia transicional en el Caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, y que atañen a diez miembros -entre ellos una mujer- que integraron las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, del antiguo Bloque Occidental de las FARC.
Es también la primera vez que se imputa a exmiembros de las FARC el reclutamiento forzado de menores, un delito que constituye por sí mismo un caso aparte, pero que ha sido considerado en este caso, el tercero por el que la JEP emite imputaciones, y el segundo que lo hace contra exintegrantes de la antigua guerrilla.
A través del #Caso05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, la @JEP_Colombia halló como máximos responsables a 10 integrantes de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de las Farc-EP, entre ellos una mujer
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 8, 2023
Los magistrados de la JEP aseguraron en una rueda de prensa que estos grupos de las FARC cometieron crímenes de guerra, como tomas guerrilleras “llevadas a cabo sin el debido respeto a los principios de distinción y proporcionalidad” establecidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), para imponer su control de este territorio del suroeste del país.
La JEP identificó en el actuar de las FARC varios patrones criminales, como el hecho de que la expansión de la guerrilla desde las montañas a partir de 1993 “afectó profundamente a la población civil, a los territorios ancestrales y colectivos y a la naturaleza”.
“El control social y territorial comenzó con la ocupación armada de los territorios de los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos transgrediendo las autoridades étnicas y luego continuó con numerosas estrategias para lograr el control social y territorial de la población”, consideraron los magistrados.
En ese avance expulsaron a las autoridades de cada territorio, matando a cientos de personas y desplazando a mucha población. Pero también se dieron muertes y desapariciones forzadas de indígenas, campesinos y otra población.
“Ante la JEP los comparecientes reconocieron la existencia de una política en la extinta guerrilla de asesinar a personas de la población civil señaladas de ser informantes, colaboradores, enemigos o líderes contrarios a esa organización”, explicó el tribunal.
En caso de que los comparecientes de las Farc-EP que fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad nieguen su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la @JEP_Colombiapic.twitter.com/32gqAMLYbI
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 8, 2023
También hubo persecución a indígenas, afrodescendientes y campesinos que no acataron las normas de la guerrilla, que ingresó a resguardos indígenas y consejos comunitarios sin autorización, imponiendo en ellos “bases de operaciones, campos de entrenamiento, centros de reclutamiento y más adelante como fuente de financiación, a través del cobro de lo que denominaban ‘impuestos’ por el narcotráfico y la minería ilegal”.
Además, por primera vez la JEP imputa a las FARC por el uso, reclutamiento y alistamiento de niños “como una estrategia político-militar”, sobre todo desde finales de la década de 1990 y con “un aumento significativo desde el año 2011”.
La mayoría de los reclutados “eran indígenas o afrocolombianos, lo cual implicaba un proceso adicional de afectación de su cultura, pues quedaban expuestos a perder sus costumbres y a adquirir otras totalmente distinta”, consideró la JEP.
