La Justicia Especial de Paz (JEP) anunció este lunes que abrió un nuevo caso acerca del exterminio de la Unión Patriótica (UP), partido del que 1.620 militantes fueron “victimizados” según datos de la Fiscalía aunque otras organizaciones elevan ese número hasta más de 6.000.
Como base para abrir el caso, la JEP se basó en dos informes: “Venga esa mano, país. Memoria viva de una vergüenza nacional”, de la Corporación Reiniciar, así como “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la UP 1984-2002”, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), dijo la magistrada Catalina Díaz Gómez en una rueda de prensa.
Díaz Gómez recordó los datos de la Fiscalía que contrastan con los de los dos informes que “coinciden en firmar que se trata de más de 6.000 víctimas”.
Según un comunicado de la entidad que fue leído por la magistrada, “el partido perdió su personería jurídica (registro) en septiembre de 2002 y solo la recuperó en 2013 con una sentencia del Consejo de Estado.
En total, 16 miembros de la fuerza pública se han acogido a la JEP “expresamente por hechos relacionados con victimizaciones sufridas por miembros de la UP”.
Entre ellos, están los generales Jaime Humberto Uscátegui y Rito Alejo del Río, que “por reserva” del caso fueron los únicos mencionados por el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez.
Además, el magistrado detalló que estudiarán la posible responsabilidad y relevancia del testimonio el general de la Policía Miguel Maza Márquez, director del ya suprimido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta) entre 1985 y 1991 y que se acogió a la JEP por otro caso.
Díaz Gómez detalló que aunque el general retirado “ha solicitado acogimiento a la JEP por hechos distintos (…) pero teniendo en cuenta que fue director del DAS en un periodo critico, la JEP tendrá que estudiar de manera rigurosa su posible participación en estos hechos para tramitar su acogimiento”.
“La sección de apelaciones ha dicho que el acogimiento es integral. Es decir, un compareciente no puede escoger por qué hechos se acoge y por qué hechos no, sino que deberé traer a la JEP todos los hechos que la JEP entienda que tienen relevancia y pueden ser relacionados con el conflicto”, explicó la magistrada.
Por su parte, Salazar Arbeláez destacó que también van a llamar a declarar como testigos a “un número plural” de exparamilitares, entre los que están Everth Veloza, alias “HH”; Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “Monoleche”; Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy”, así como Salvatore Mancuso, entre otros.
Según la JEP, los casos de violencia contra la UP se concentran en las regiones del Magdalena Medio, el Urabá, Meta, Costa Caribe y parte del departamento de Antioquia.
Según los datos de la Fiscalía aportados por la JEP, la violencia se reprodujo en 467 municipios de los 27 de los departamentos del país.
Acerca del número de víctimas, la Corporación Reiniciar identificó 6.613 víctimas entre 1984 y 2002, lo que supone un total de 9.359 violaciones de derechos humanos, informa Efe.
Según el CNMH, fueron 6.201 casos, de los que 4.153 son asesinatos, desapariciones o secuestros.
