Medicina Legal es el responsable de identificar a las víctimas de todo tipo de violencia, por lo cual practica alrededor de 30.000 necropsias al año.
En Colombia hay más de 100.000 familias en una larga y desgastante búsqueda de un ser querido, tarea en la que hace mella el tiempo, mientras de los cementerios y fosas del país se van sacando partes de cuerpos que no siempre son fáciles de identificar.
“Tanto la violencia como el paso del tiempo borran la identidad de las personas y eso hace complejos los estudios”, lamenta el subdirector del servicio forense de Medicina Legal, Carlos Antonio Murillo.
Al obstáculo que supone el transcurso de los años se suma una de las particularidades del conflicto colombiano: la mutilación de las víctimas por parte de los victimarios para borrar el rastro de sus crímenes.
Costillas hechas pedazos, fémures, cráneos y otras partes de cuerpos llegan al edificio de Medicina Legal en Bogotá donde se les somete a un proceso de limpieza siguiendo estrictos protocolos internacionales.
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LABOR COMPLEJA
Un esqueleto de un adulto está formado por 206 huesos, 22 de ellos conforman el cráneo. Partes de esa estructura son las que llegan a los laboratorios en donde los forenses comienzan la tarea de armar los rompecabezas.
La identificación incluye estudios antropológicos y odontológicos, entre otros análisis que buscan determinar el sexo, la edad, la estatura y si la víctima murió a causa de un golpe o un disparo, por ejemplo.
Más adelante, con la toma de muestras de ADN, se va configurando el perfil genético que se coteja con los más de 60.000 registros de personas que buscan a sus familiares, alojados en el Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos.
En ese mismo banco hay otros 8.000 cuerpos “no identificados” que por falta de información no pueden ser entregados y siguen en los depósitos.
“El Banco es una herramienta informática que nos permite administrar, organizar y gestionar toda la información genética de personas que están buscando familiares desaparecidos”, explica la administradora del Banco, Carolina Giraldo.
“La identificación se hace a partir de cotejos. No es cierto, como se ve en televisión, que se tome una muestra y esta se pone en un aparato y me dice el nombre, el número de teléfono”, añade Giraldo.
En este sentido, la administradora explica que uno de los principales problemas que tienen es que el Banco carece de los datos suficientes para comparar e identificar a una persona dada por desaparecida, en su mayoría víctimas del conflicto.
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Eso se debe a que hay personas que no permiten que se les tome una muestra para armar un perfil genético, bien sea porque no tienen confianza en el Estado o porque no les interesa que se les relacione con alguien que perteneció a un grupo armado para no exponerse a represalias porque aún viven en zonas de conflicto.
Lo ideal sería lograr que todas las personas que tienen un familiar desaparecido accedan a dar muestras genéticas pero por ahora “eso no es así”, dice Murillo, quien explica que para aumentar el número de muestras se están haciendo en el país jornadas de recolección.
“No es por falta de experticia forense, no es por falta de diligencia institucional sino porque no tenemos con qué cotejar y ahí juega un papel muy importante el banco de perfiles genéticos”, afirma.
CAMINO POR RECORRER
Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en Colombia hay registradas 104.606 personas en esa condición, cifra que puede variar porque ese “universo todavía está en construcción”.
De ese total, 89.782 siguen desaparecidas, lo que supone que han sido encontradas e identificadas 14.824.
La UBPD, que es una entidad oficial de carácter humanitario y extrajudicial, ha entregado a Medicina Legal 746 cuerpos para su identificación y posterior entrega a los familiares.
Por un cúmulo de situaciones, Medicina Legal no ha podido avanzar a la velocidad que ellos mismos quisieran y solo han podido identificar una docena de cuerpos.
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Este instituto forense es el responsable de identificar a las víctimas de todo tipo de violencia, por lo cual practica alrededor de 30.000 necropsias al año y otras 300.000 valoraciones de víctimas no fatales. Lamentablemente, muchas veces los cuerpos de personas muertas hace más de 20 años son los últimos de una larga lista de tareas.
“En ocasiones ya no contamos con huellas (dactilares) para hacer el cotejo, los dientes muchas veces se deterioran y el perfil de las estructuras se va degradando”, dice Murillo sobre la identificación de víctimas.
De la misma forma se dañan los tejidos blandos y “quedan solo los tejidos óseos y estos, con el paso del tiempo, también se van degradando y van perdiendo esa información genética”, dice.
El proceso finaliza con la expedición de un certificado de Medicina Legal en el que se identifica a la víctima y se procede a entregar los restos a la familia con respuestas a preguntas en torno a cómo falleció su ser querido, lo que permite cerrar el ciclo de incertidumbre que causa una desaparición. EFE
