La vicepresidenta Márquez celebró la tregua que han mantenido los ‘Shotas’ y los ‘Espartanos’ por 90 días, algo que ha traído paz en Buenaventura.
La vicepresidenta Francia Márquez celebró este miércoles que la tregua firmada entre las dos bandas más grandes de la ciudad de Buenaventura, el puerto más importante del Pacífico colombiano, le “devuelve la alegría” a un pueblo “sometido a las violencias estructurales”.
“Reconciliarnos como pueblo, como comunidad, es una parte importante para avanzar”, insistió Márquez en una rueda de prensa celebrada en este enclave del Pacífico, donde llegó para “instalar el diálogo social vinculante” que garantice la continuación de los diálogos para la paz que vive Buenaventura por más de 90 días.
Márquez, junto al presidente, Gustavo Petro, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y otros miembros del Gobierno, llegaron a Buenaventura para celebrar la tregua firmada en septiembre entre los ‘Shotas’ y los ‘Espartanos’, proceso en el cual hasta el momento el Ejecutivo solo ha ejercido un papel de acompañante.
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El Gobierno tomó el caso de Buenaventura como ejemplo para su proyecto de “paz total”, aunque los funcionarios se han rehusado a responder sobre fechas concretas en las que seguirá avanzando la conversación y en qué consistirá el acuerdo al que lleguen las bandas con el Gobierno, negándose a hablar sobre el proceso de sometimiento a la justicia de los guerrilleros o posibles excarcelaciones.
Rueda, sin embargo, sí insistió en que “la sostenibilidad de la tregua es responsabilidad y construcción de muchas partes” y en que “la tregua solo será sostenible si hay las condiciones sociales básicas”.
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“La paz es fruto de la justicia (…), antes del sometimiento tiene que haber justicia social”, agregó en la rueda d prensa tras ser preguntado en varias ocasiones sobre el curso judicial de la tregua y rehuir los detalles.
Pero sí reseño que “cualquier decisión se tomará siguiendo los marcos institucionales y jurídicos vigentes”, tras dejar claro que esta es una tregua que no ha salido de las instituciones, sino “de las personas de carne y hueso (…), las mujeres, hijos e hijas” de los 1.700 jóvenes que están inmersos en este proceso.
Márquez consideró que “avanzar en la paz implica inversión social para garantizar derechos básicos”, en referencia a un pueblo que “no tiene acceso a agua, y está rodeado de ella, a salud, a educación, a empleo”. Pero el Gobierno busca “generar impactos reales” porque “no es el Gobierno que va a hacer trizas la paz, que va a entrampar la paz”.
