Foto: Archivo
Por solicitud de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Bogotá le impuso medida de aseguramiento al Gobernador de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, por presunta corrupción en un contrato de adquisición de 10 ambulancia para atender los casos de COVID-19 en este departamento.
Según la investigación del ente acusador, La Gobernación de Putumayo, por medio del secretario de Salud, suscribió un contrato por un valor de $3.460.634.610, en el cual la Fiscalía detectó un direccionamiento indebido para que la adquisición de las ambulancias fuera adjudicado a un único proponente, Carrocería Innovas SAS. Además, encontraron un sobre costo por $1.064.626.310.
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Asimismo, se encontró que las ambulancias no están disponibles de acuerdo a la fecha pactada en el contrato, a pesar de que hubo un anticipo del 50% del costo total del contrato, algo que va en contra de lo que dicta la ley.
La Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
