La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió sobre el peligro de que quede en la impunidad la financiación ilegal por parte de la constructora brasileña Odebrecht en la campaña presidencial en 2014.
La MOE indicó que el próximo 15 de julio “caduca la acción sancionatoria sobre cualquiera de los posibles hechos relacionados con la financiación ilegal de Odebrecht en la campaña presidencial de dicho año”.
“De no tomarse ningún correctivo en los siguientes tres días se mantendría el manto de impunidad frente a estos hechos, lo que pone de presente, una vez más, la urgencia de realizar una reforma a la institucionalidad electoral”, señaló el documento.
La Fiscalía confirmó en marzo pasado que tiene pruebas de que Odebrecht asumió gastos de las campañas del presidente Juan Manuel Santos y de su opositor Óscar Iván Zuluaga en 2014.
Esa entidad pudo verificar que Odebrecht firmó un contrato el 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO, por un millón de dólares para llevar a cabo una encuesta de opinión “con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del presidente Santos”.
El pasado 31 de mayo, el expresidente de Odebrecht en Colombia Eleuberto Martorelli confirmó que la constructora pagó un millón de dólares para la elaboración de la encuesta para la campaña de Santos.
“La falta de alguna decisión demuestra las precariedades del diseño institucional electoral actual y la urgencia que hay en hacer las reformas constitucionales dirigidas a darle independencia, autonomía y capacidad técnica y territorial al máximo órgano electoral”, señaló la directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, citada en un comunicado.
El mecanismo indicó que el de Odebrecht “es un caso que llama la atención por verse vinculado directamente el presidente de la República”.
Pero advirtió que lo que más le preocupa “es la cantidad de hechos similares de financiación y publicidad ilegal que les fueron entregados a la autoridad electoral, sin tenerse hasta el momento sanciones efectivas por los presuntos delitos reportados”.
La Misión consideró “urgente” que el Congreso colombiano “apruebe vía ‘Fast Track’ (vía rápida) los aspectos relacionados con la arquitectura del sistema electoral”, incluidos en la reforma política presentada en mayo pasado por el Gobierno al Congreso.
En el documento, la MOE destacó entre los objetivos de la reforma “brindar independencia a la autoridad electoral”, dar capacidad técnica y alcance territorial a la gestión de la entidad y garantizar la prontitud en la actuación de la autoridad electoral.
“Si se toma en serio esta reforma política se evitaría repetir situaciones como la falta de acción y respuesta frente a escándalos en la financiación de campañas presidenciales”, reseñó Efe.
En ese contexto, la MOE valoró que con la reforma política se tendría “mayor información sobre cómo opera en Colombia la financiación ilegal con recursos extranjeros y de contratistas del Estado”.
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