En el reciente informe presentado por la Oficina de la Organización de Naciones Unidas sobre la muerte a manos de agentes de la policía en el marco de las protestas desde el 28 de abril al 31 de julio de 2021, revela que recibieron información sobre alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de protestas.
Del total de alegaciones, se verificó 46 casos, dónde 4 de ellos se encuentran aún en proceso de verificación y en 13 casos se considera que no hay información donde se termine si dichas muertes tuvieron lugar en el contexto de las protestas.
Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Oficina de Derechos Humanos, aseguró que para Blu Radio que: ”Hemos documentado 46 muertes durante el paro, 44 afectando civiles y dos a policías, 28 son atribuibles a la fuerza pública, y en otros 10 casos han sido personas vestidas de civil que mataron a manifestantes o transeúntes”.
Asimismo, se recibió información de violencia sexual en contra de 60 personas, de las cuales 48 son mujeres y 12 hombres, presuntamente cometidas por miembros de la Policía Nacional. Concluyendo así, la Oficina verificó los casos de 16 víctimas de violencia sexual que habrían sido cometida por miembros de la Policía Nacional.
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“La mayoría de las muertes fueron por armas de fuego, hay muertes también registradas por armas menos letales, como gases lacrimógenos o el arma venom”, agregó de Rivero.
A lo largo de este informe, también señalan que en las protestas sociales hubo privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo.
De esta manera, el documento añade que según el Gobierno Nacional, del 28 de abril al 30 de junio, se realizaron 12.478 actividades de protesta social en 860 municipios de los 32 departamentos del país. Dónde el Gobierno Nacional calificó como pacíficas 11.060 manifestaciones –el 89% de ellas, y consideró que en 1.418 ocasiones (11%), se presentaron disturbios y acciones violentas en los que intervino el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD).
El documento concluye que se debe impulsar y adoptar medidas de reparación para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el contexto del Paro Nacional, reforzar las investigaciones, sancionando adecuadamente a los responsables.
