Los líderes de la extinta exguerrilla de las Farc, reclamaron que no se les tuvo en cuenta para nombramientos dentro la UNP, entidad encargada de la protección de los firmantes de paz .
Los jefes del partido Comunes, surgido tras la desmovilización de las Farc, acusaron al Gobierno de violar el acuerdo de paz en lo referente a que los firmantes tendrían voz en la elección de los cargos responsables de su seguridad, al tiempo que le exigieron que se garantice su integridad.
Así lo expresaron en una carta el presidente de Comunes, Rodrigo Londoño y otros excomandantes de las Farc, como Pastor Alape, Rodrigo Granda, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo y Julián Gallo.
Los exjefes guerrilleros criticaron que no se les tuvo en cuenta para la elección de la nueva persona que estará al frente de la subdirección especializada de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de la seguridad de personalidades y personas amenazadas.
“Recientemente enviamos una comunicación al director de la UNP mediante la cual solicitamos (…) se diera a conocer a la comunidad de firmantes de paz las postulaciones y la idoneidad de quienes aspiraban a asumir la subdirección especializada (…) relacionada directamente con garantizar la vida y la protección de quienes continuamos en esta brega por construir la paz“, señala la misiva.
Según la carta, en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc en 2016 se acordó que “para proveer dichos cargos, prima el principio de confianza y la concertación con la representación de los firmantes”.
“Lastimosamente no ha sido así” y la nueva designación de este cargo se hizo “sin consultar ni informar a la contraparte firmante del acuerdo”, lo que es “un claro incumplimiento a lo pacto en el que se impone la visión personal y se quebranta la confianza entre las partes”, acusan los dirigentes del partido Comunes.
En este contexto, solicitaron a la misión de la ONU en Colombia y a los países garantes que tomen nota de “esta violación de lo pactado, máxime teniendo en cuenta que, de 423 firmantes asesinados (desde 2016), 80 de esas personas murieron esperando que la Unidad Nacional de Protección resolviera sus solicitudes”, reclamaron.
Londoño, por su parte, interpeló personalmente al presidente Gustavo Petro, en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que le recordó que “la seguridad de los firmantes de paz debe ser una prioridad en este Gobierno”.
“La paz reclama el compromiso y el respeto integral del Gobierno nacional por la letra y el espíritu de lo acordado”, agregó.
La UNP, entidad encargada de la protección de los firmantes de paz y también de líderes sociales, ha ido cuestionada por su eficacia y se ha visto salpicada por escándalos de corrupción.
EFE
