Moody’s Ratings rebajó la calificación de Colombia de Baa2 a Baa3 debido al “deterioro proyectado de los indicadores de deuda del Gobierno”.
El presidente Gustavo Petro, atribuyó al rechazo en el Congreso de una reforma tributaria la rebaja de las calificaciones del país por parte de las agencias de medición de riesgos Moody’s Ratings y Standard and Poor’s (S&P), anunciadas la víspera.
“Eso pasa por no aprobar la ley de financiamiento. Dicho y hecho. El país ganaba mucho con esa ley y las empresas, a las que se les rebajaba el impuesto de renta”, manifestó Petro en su cuenta de X.
El mandatario hizo referencia así a la segunda reforma tributaria presentada por su Gobierno y hundida el año pasado por el Congreso, que ya le había aprobado una en 2022.
Moody’s Ratings rebajó la calificación de Colombia de Baa2 a Baa3 debido al “deterioro proyectado de los indicadores de deuda del Gobierno”, y al mismo tiempo mejoró la perspectiva de negativa a estable.
La firma explicó que se espera que ese deterioro en la deuda pública “persista en los próximos años debido a déficits fiscales elevados y por encima de los límites establecidos por la regla fiscal del país”.
Por su parte, S&P rebajó la calificación crediticia soberana de Colombia a largo plazo en moneda extranjera de BB+ a BB con “perspectiva negativa”.
Eso debido a “un deterioro constante de los resultados fiscales de Colombia” que ha llevado a “una menor confianza de los inversores, un crecimiento económico más débil, un mayor nivel de deuda pública y una mayor carga de intereses”.
S&P había retirado el grado de inversión a Colombia en 2021 y la rebaja de sus notas crediticias aleja al país de la posibilidad de recuperarlo.
El ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, presentó el 14 de junio un paquete de medidas que incluye la suspensión temporal de la regla fiscal, una nueva reforma tributaria para aumentar la recaudación en 19,6 billones de pesos y la subida del precio del diésel, entre otras cosas.
En esa ocasión, Ávila explicó que se tomó la “decisión de activar lo que se conoce como la ‘cláusula de escape’, que permite una desviación temporal del cumplimiento de las metas fiscales”, lo que ha prendido las alarmas en las agencias calificadoras de riesgo.
EFE
