El presidente Gustavo Petro, propuso la reanudación de la fumigación aérea contra cultivos ilícitos en respuesta a los crecientes ataques contra miembros del Ejército que hacen la erradicación manual.
La aspersión aérea de plantaciones de coca, que generalmente se hace con el herbicida Glifosato, fue prohibida en 2015, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, con base en una sentencia de la Corte Constitucional que argumentó razones de salud y ambientales para ordenar la suspensión.
“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, manifestó Petro en su cuenta de X.
El mandatario hizo su planteamiento a raíz de los ataques contra miembros del Ejército que participan en operaciones contra el narcotráfico, principalmente en áreas en las que operan las disidencias de las Farc que se dedican a la producción y tráfico de drogas.
El ataque más reciente ocurrió el pasado domingo en el caserío de El Tigre, del municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca (suroeste), donde civiles supuestamente presionados por guerrilleros del frente Carlos Patiño, del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las antiguas Farc, secuestraron a 45 militares que fueron dejados en libertad hoy.
A finales del mes pasado, comunidades del caserío de Nueva York, en el municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, secuestraron a otros 33 militares durante una operación contra las disidencias de las Farc y los dejaron en libertad cuatro días después con la mediación de una misión humanitaria.
El 3 de septiembre, dos militares resultaron gravemente heridos luego de que un grupo de personas les rociara gasolina y les prendiera fuego durante un operativo para destruir un laboratorio de procesamiento de cocaína en el departamento del Putumayo (sur).
El anuncio de hoy de Petro supone un cambio en su política de lucha contra las drogas pues el mandatario es un opositor al uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersiones aéreas porque considera que “no sirve y criminaliza a los campesinos productores de coca”.
También se produce en momentos en que Colombia está a la espera de que el Gobierno de Estados Unidos certifique la lucha antidrogas del país, decisión que se dará a conocer, a más tardar, la próxima semana.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés), los cultivos de coca crecieron un 10 % en Colombia en 2023 y alcanzaron las 253.000 hectáreas, de un total mundial de 376.000 hectáreas, mientras que la producción de cocaína aumentó un 53 %.
EFE
