Los hechos se presentaron en el 2017 cuando campesinos protestaron en Nariño y siete personas murieron mientras que otras 20 resultaron heridas.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres oficiales y 18 agentes de policía involucrados en un enfrentamiento contra civiles ocurrido en 2017 en el suroeste del país, en el que murieron siete personas y otras 20 resultaron heridas.
El Ministerio Público informó que esa situación ocurrió en el caserío de El Tandil, que hace parte del municipio Tumaco, Nariño, el 5 de octubre de 2017.
Según el organismo de control “los ciudadanos se encontraban en estado de indefensión pues, además de no ofrecer resistencia alguna, en su mayoría, recibieron impactos de disparos por la espalda, esto es, cuando trataban de salir del lugar de los hechos”.
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En esa ocasión, dice la Procuraduría en un comunicado, unas 2.000 personas se reunieron en el lugar para protestar por la erradicación de cultivos de coca, aduciendo que estos representaban “su única fuente de ingreso y que el Gobierno Nacional no había cumplido con las promesas para brindarles otras alternativas de subsistencia”.
De acuerdo con la investigación de la Procuraduría, mientras los líderes de la protesta dialogaban con el comandante de los policías presentes para levantar el paro, se “escucharon disparos que hicieron que los policías respondieran al supuesto ataque”.
“Tras escucharse el sonido de lo que parecía ser una ráfaga de arma de fuego, integrantes de la Policía Nacional, presuntamente, desenfundaron y accionaron sus armas de fuego de dotación en contra de la población civil, dando como resultado la muerte de siete personas y otras veinte resultaron heridas”, se relata en el documento.
Para la Procuraduría, según el material probatorio, los policías supuestamente afectaron “gravemente” los derechos a la vida y la integridad física, “valores esenciales del ordenamiento constitucional y de la humanidad en su conjunto, sin contar con el grave riesgo en el que pusieron a los demás civiles allí presentes”.
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El cargo endilgado al oficial al mando se imputa por presuntamente no haber evitado, pudiendo hacerlo, que un grupo de policías que estaban bajo su control se “extralimitaron en el uso de sus armas de dotación”.
Frente a los demás integrantes de la policía el cargo imputado hace referencia a la presunta omisión de su función orientada a proteger a todas las personas y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades, entre los que se encuentran la vida y la integridad personal. Las conductas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo.
Ahora el proceso pasará a las Procuradurías Delegadas para el Juzgamiento (reparto), quienes se encargarán de la etapa de juicio disciplinario en contra de los integrantes de la Policía.
