La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años a un teniente y tres soldados profesionales por homicidio en persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario.
Los militares fueron encontrados culpables del homicidio de una persona retenida de manera ilegal y presentada como dada de baja en combate.
Los hechos se relacionan con el homicidio de Gabriel Valencia Ocampo, ocurrido el 5 de octubre de 2005 en la vereda El Zancudo, jurisdicción del municipio de Argelia (Antioquia), quien fue retenido de manera irregular por los militares un día antes de su muerte.
En el fallo de primera instancia el Ministerio Público estableció que la muerte de Valencia Ocampo no se produjo como consecuencia de un enfrentamiento armado, sino que fue ultimado estando bajo la custodia de los uniformados.
Para la Procuraduría, los uniformados desconocieron los tratados internacionales sobre derechos humanos y se extralimitaron en el ejercicio de su cargo al ignorar el derecho a la vida e integridad física de la víctima.
