Durante el fin de semana fueron asesinados cuatro policías y un militar fue secuestrado en esa región del país.
La Procuraduría pidió al Gobierno y a la fuerza pública “acciones contundentes” para restablecer el orden en el departamento del Cauca, donde el fin de semana fueron asesinados cuatro policías y fue secuestrado un militar en hechos achacados a una disidencia de las Farc.
En un oficio enviado al ministro de Defensa, Iván Velásquez; al comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, y al director de la Policía, general William René Salamanca, el organismo “hizo un fuerte llamado a adoptar las acciones necesarias para el restablecimiento del orden público en el departamento del Cauca”.
“En el requerimiento escrito el órgano de control rechazó los recientes actos de violencia cometidos contra uniformados de la Policía Nacional, que han dejado cuatro integrantes de la policía fallecidos, un soldado secuestrado, y una estación de policía hostigada en el municipio de Buenos Aires”, agregó el Ministerio Público.
El fin de semana fueron asesinados cuatro policías en ataques supuestamente cometidos por el Estado Mayor Central, principal disidencia de las antiguas Farc y con el que el Gobierno tiene acercamientos para hablar de paz.
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Uno de los ataques fue la detonación el domingo de un carro bomba en el corregimiento de Timba, en el municipio de Buenos Aires, hecho en el que murió el subintendente Carmelo José García Gómez.
En la madrugada del domingo también fue detonado un carro bomba contra otra subestación de Policía del municipio de Cajibío, que no dejó ni muertos ni heridos.
Estos dos ataques se suman al asesinato el sábado de tres policías en una emboscada en una carretera de Morales, en el que además quedó herido otro miembro de esa institución.
Igualmente un militar de la Tercera División del Ejército fue secuestrado por desconocidos cuando se desplazaba, “en estado de indefensión”, por la carretera que une a los municipios de Caloto y Santander de Quilichao.
FALTA DE VOLUNTAD DE PAZ
El Gobierno y el Estado Mayor Central anunciaron en julio que llegaron a un acuerdo para instalar una mesa de negociaciones de paz que inicialmente estaba previsto que se comenzara el pasado 16 de mayo, pero los desencuentros entre las partes retrasaron el inicio de los diálogos.
El Ejecutivo, de hecho, suspendió en mayo el cese al fuego bilateral que tenía con esa disidencia en cuatro departamentos como respuesta al asesinato de cuatro indígenas menores de edad que intentaron escapar tras ser reclutados a la fuerza en el sur del país por el Frente Carolina Ramírez, que hace parte de ese grupo.
Tras el nuevo acuerdo, el Gobierno anunció los miembros de su delegación en las negociaciones, aunque no se ha informado sobre la fecha y lugar para la instalación de la mesa de diálogo.
En ese sentido, la Procuraduría manifestó hoy que la violencia ejercida por el EMC evidencia “la falta de voluntad de paz de este Grupo Armado Organizado, generan zozobra y terror en la población civil, y disminuyen la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad, debido a la falta de acción por parte de la fuerza pública”.
Por ello pidió al Ministerio de Defensa “coordinar un plan de acción para recuperar la seguridad y restablecer el orden público en esta región”.
EFE
