Ante el Consejo de Estado el delegado de la Procuraduría en el caso de Gustavo Petro, pidió que al congresista no se le decrete la muerte política y le permitan continuar en su cargo.
Según el ente de control, un fallo de responsabilidad fiscal como el que pesa contra el Senador no puede asimilarse como una condena con un delito que afecte al patrimonio público, señalando que dicha decisión no estaba vigente.
La decisión a la que se refiere a la Procuraduría y que “se encontraba suspendida en sus efectos jurídicos desde noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como medida cautelar”, se refiere a la condena contra Petro por la rebaja en las tarifas de Transmilenio cuando ejerció como Alcalde de Bogotá.
Por su parte, la persona que demandó al militante de Colombia Humana, Carlos Alfaro, explicó que Petro sí está inhabilitado para ser congresista, “el señor estaría afectado por una de las prohibiciones previstas en el artículo 122 de la Carta Política, en particular, la consistente en no poder ser inscrito como candidato a cargos de elección popular si, con ocasión de una conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial, ha dado lugar a que el Estado fuese condenado a una reparación patrimonial”.
Sumado a este caso, la Contraloría ha impuesto varias condenas fiscales a Petro por otros temas cuando fue mandatario local como el cambio en el esquema de aseo el cual fue insignia de su administración en la capital.
