La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar infundadas las objeciones del Gobierno frente al proyecto de ley que reduce la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados.
El ente de control pidió que los efectos de la ley rijan a partir de su promulgación y recordó la importancia de la norma constitucional que afirma que “la sostenibilidad fiscal no debe ser entendida como una barrera para restringir el alcance o protección efectiva de los derechos fundamentales, sino como un imperativo de búsqueda de alternativas para su efectiva concreción”.
Además solicitó a la Corte que evalúe la posibilidad de modular su aplicación y armonice así la progresividad con la viabilidad de las políticas legislativas objeto de juicio en caso de que el motivo del proyecto estuviera fundado en la escasez de recursos.
Finalmente, el ente de control ratificó que los pensionados conforman un grupo de especial protección constitucional, y que el legislativo puede otorgarles un trato preferencial con el fin de hacer efectivo el principio de solidaridad.
