La Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por dos meses al alcalde de Bucaramanga, Santander, Rodolfo Hernández Suárez, por tratar con irrespeto, sin imparcialidad y falta de rectitud a un funcionario con quien tiene relación en el servicio público.
El ente de control confirmó que Hernández Suárez acusó sin pruebas a un funcionario de la alcaldía de actos de corrupción y hurto de recursos de la contratación del municipio, ante varios medios de comunicación y la ciudadanía el 17 de abril de 2017, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia del ciudadano y causando daño en la salud del mismo.
La Procuraduría corroboró que el alcalde calumnió al funcionario, por presunta apropiación de dineros de obras que se realizaban en la alcaldía, el 25 de septiembre de 2017, en una actividad con uniformados de tránsito, con lo que vulneró los derechos al debido proceso, y la dignidad humana del subalterno, sin la existencia de una sentencia judicial condenatoria.
El disciplinado con su actuación atentó contra la estabilidad emocional del funcionario y la de su familia, lo expuso a amenazas al revelar su número celular ante medios de comunicación y la ciudadanía en una rueda de prensa, e incitó a la población a censurarlo públicamente, para que diera explicaciones de presuntas irregularidades en su conducta sin elementos de juicio, desacreditando su honra y buen nombre.
El Ministerio Público en fallo de primera instancia calificó la conducta del alcalde Hernández Suárez como faltas graves a título de culpa gravísima, por violación de normas de obligatorio cumplimiento y menoscabo del capital moral de una persona, siendo la máxima autoridad administrativa de la ciudad de Bucaramanga.
Contra la presente decisión el alcalde y su apoderado presentaron recurso de apelación, que será sustentado en la continuación de la audiencia que se realizará el próximo 13 de marzo.
