La Procuraduría General de la Nación inadmitió por improcedentes las pretensiones de Miguel Nule, condenado por el ‘carrusel de la contratación’, para demandar a la Nación, y desestimó la conciliación por $1,5 billones de pesos que reclamaba como reparación por los supuestos perjuicios derivados por un presunto incumplimiento de los preacuerdos pactados con la Fiscalía General de la Nación.
El organismo a través del Procurador 137 Judicial II Administrativo determinó inviable la solicitud porque los términos al momento de presentarla habían caducado.
Según Miguel Nule, dicha cifra se debe por la forma en qué se manejó la investigación por corrupción, que terminó llevándolo a prisión, junto con su hermano y su primo.
Además, señala que el objetivo era quitarlos del camino para no dejarlos participar en procesos de licitación pública, a causa de su trayectoria y experiencia.
Pero la Procuraduría identificó inexactitudes en la estructuración de un supuesto daño, sobre el que no procede ninguna de las acciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Para la Procuraduría, en los procesos contractuales quienes actúan con dolo no pueden en ningún caso solicitar reparaciones o perjuicios, tal como lo prevé el artículo 1525 del Código Civil.
La conciliación fue presentada como parte del procedimiento establecido en la ley, requisito previo para entablar una demanda contra el Estado. Esta figura le ha permitido a la Nación ahorrar tiempo y recursos en el estudio de reclamaciones jurídicamente inviables.
