El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla González quedó en libertad en Bogotá luego de que operara el vencimiento de términos contemplado en el Código de Procedimiento Penal, mecanismo que obligó a cesar la medida de aseguramiento intramural que pesaba sobre él desde el 18 de diciembre de 2025 en el marco del proceso penal por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Bonilla en libertad tras más de tres meses de detención
El exfuncionario del gobierno del presidente Gustavo Petro había permanecido recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), ubicado en el noroccidente de Bogotá, desde que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su detención en establecimiento carcelario. La medida fue impuesta por la magistrada Aura Alexandra Rosero, quien determinó que la detención intramural era la más adecuada dada la gravedad de los hechos investigados, pese a que tanto la Fiscalía como la Procuraduría habían solicitado prisión domiciliaria.
El vencimiento de términos es un mecanismo previsto en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), que garantiza que ninguna persona permanezca privada de su libertad de forma indefinida sin que el proceso avance dentro de los plazos legales establecidos. Para delitos graves de corrupción o procesos con más de tres acusados, la ley permite un máximo de dos años de detención preventiva.
La defensa del exministro había advertido en múltiples oportunidades sobre las dilaciones procesales. En un recurso de habeas corpus presentado a finales de febrero de 2026, el equipo jurídico encabezado por el abogado Alejandro Carranza señaló que habían transcurrido más de 68 días desde la detención sin que se hubiera notificado el acta de reparto ni el fallo que resolviera el recurso de apelación interpuesto contra la medida de aseguramiento.
Los delitos imputados por el caso UNGRD
La Fiscalía General de la Nación le imputó a Bonilla González los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Según el ente acusador, entre mayo de 2023 y mediados de 2024, el entonces ministro de Hacienda y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco se concertaron con otros actores para cometer delitos contra la administración pública, con el objetivo de asegurar mayorías parlamentarias que permitieran la aprobación de reformas del Gobierno.
Las investigaciones señalaron que los dos exfuncionarios habrían intervenido de manera indebida en 79 contratos valorados en más de 612.000 millones de pesos, de los cuales siete llegaron a concretarse. También habrían intercedido en tres contratos de la UNGRD por valor de 86.619 millones de pesos, destinados a la atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado (Bolívar), los cuales no alcanzaron a ser direccionados.
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El proceso judicial por Ricardo Bonilla y la corrupción en la UNGRD
El proceso tiene como uno de sus pilares las declaraciones de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides Soto, y del exdirector de la UNGRD, Olmedo López. De acuerdo con la fiscal del caso, el exministro Bonilla le habría solicitado a López tramitar proyectos contractuales en los que varios congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público se habían interesado de forma ilícita, entre ellos Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya.
Bonilla González, de 76 años y con antecedentes de un accidente isquémico cerebral que le causó afasia motora, rechazó los cargos en la audiencia de imputación y sostuvo ser inocente. Su proceso genera un debate más amplio sobre las presuntas prácticas de corrupción contractual en el gobierno Petro, que ya tiene a otros altos exfuncionarios procesados, entre ellos los excongresistas Iván Name y Andrés Calle.
Qué sigue en el caso Bonilla y la UNGRD
La libertad por vencimiento de términos no implica el fin del proceso penal ni una declaración de inocencia. El exministro Bonilla deberá responder ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos imputados, y el proceso continuará su curso en la etapa de acusación formal. En caso de ser hallado responsable, las penas establecidas para los delitos por los que se le investiga oscilan entre 12 y 15 años de prisión, además de posibles sanciones económicas. La Fiscalía General podrá solicitar nuevas medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, como la prohibición de salida del país o el uso de dispositivos de vigilancia electrónica, conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Penal.
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