El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, dijo que solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se respete la separación de poderes en el pulso con el Gobierno por la ley de curules a víctimas del conflicto.
Lara se ha negado a firmar la ley que crea las circunscripciones especiales de paz, que hacen parte del acuerdo de paz firmado en noviembre el año pasado por el Gobierno y las FARC, ahora convertidas en partido político.
“Ante este asedio por vía de tutela y por vía de acciones de cumplimiento vamos a interponer acciones, solicitando medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Lara en un comunicado de prensa.
El parlamentario se refiere a los recursos judiciales interpuestos por el Gobierno para que el Congreso remita a la Presidencia el acto legislativo que crea las 16 circunscripciones especiales de paz, cuya aprobación en la plenaria aún es objeto de debate.
Lara explicó que la medida tiene como fin hacer respetar la separación de poderes y “evitar que con amenazas de arresto o de multas se trate de arrodillar al Congreso de la República”, añade la información.
Aseguró que los recientes fallos no son un asunto jurídico sino político y tienen un trasfondo político.
“No podemos aceptar que una decisión política disfrazada de judicial pretenda arrodillar y someter al Congreso de la República es decir a la rama del poder legislativo”, apostilló Lara.
Un tribunal colombiano ordenó ayer al Senado enviar al presidente Juan Manuel Santos el proyecto legislativo que crea las 16 curules de paz para su firma y promulgación, que había quedado pendiente tras una polémica sobre los votos requeridos para su aprobación.
La creación de los 16 escaños para las víctimas del conflicto armado ha sido objeto de una polémica matemática sobre los votos requeridos para su aprobación en el Senado.
El Consejo de Estado de Colombia aseguró que la iniciativa gubernamental sí obtuvo la mayoría absoluta que necesitaba.
El proyecto fue aprobado en la Cámara y el Senado, pero como al texto se le hicieron modificaciones fue necesaria una votación más de “conciliación”, que se hizo el pasado 30 de noviembre en la Cámara Alta.
El Senado está conformado por 102 miembros y la iniciativa tuvo 50 votos favorables, razón por la cual el secretario general, Gregorio Eljach, consideró que el proyecto no podía ser aprobado porque le había hecho falta un voto.
Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, sostiene que el quórum para aprobar el informe de conciliación se debía establecer sobre 99 senadores y no a partir de 102, informa Efe.
Esto porque los legisladores oficialistas Musa Besaile y Bernardo Elías están presos por corrupción y un tercero, Martín Morales, está procesado por la Corte Suprema de Justicia por supuestos vínculos con paramilitares.
