Entre luces y sombras terminó en el Congreso de Colombia el trámite de normas necesarias para la implementación de la paz, lo que agrega otro elemento de incertidumbre a la reincorporación de la exguerrilla de las FARC a la sociedad.
El 30 de noviembre ni el Gobierno ni las FARC quedaron contentos con lo alcanzado al finalizar el periodo del “fast track”, como se conoce al mecanismo de vía legislativa rápida para tramitar leyes y normas para la implementación del acuerdo de paz.
Los excombatientes critican al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, al que culpan de no cumplir lo acordado en las negociaciones de La Habana.
Reclaman al jefe de Estado que entre lo incumplido está la reforma política, que se suponía iba a curar males endémicos como la corrupción y que no fue aprobada en el Congreso de la República en donde el Gobierno tiene las mayorías.
También cuestionan que no avanzaran asuntos relacionados con la reforma rural integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito, pilares del acuerdo de Cuba.
A las FARC, ahora convertidas en partido político, tampoco les gustaron los condicionamientos de la Corte Constitucional cuando avaló la Justicia Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar los crímenes cometidos en el conflicto armado y considerada la columna vertebral de lo firmado.
Menos fueron de su gusto los cambios introducidos en el Congreso a la Ley Estatutaria, que reglamenta y permite el funcionamiento de la JEP.
Reconocen que si bien es cierto les permite participar en política, la principal razón para dejar las armas, alegan que quedaron en desventaja con los demás partidos y reclaman que si sus candidatos se someten a la JEP, también deben hacerlo los actores estatales y civiles que estuvieron implicados en el conflicto.
Tan inconformes están los excombatientes que alias “Iván Márquez” le dijo al presidente Santos que el proceso está en crisis y pidió salvar “lo que debería ser la más grande obra de su Gobierno”: la paz.
Los dardos de Márquez también fueron para el Congreso, del que asegura que desfiguró lo pactado con el Gobierno porque el concepto de JEP que se convino en La Habana parece una jurisdicción especialmente concebida para las FARC, cuando su presupuesto era que sería un componente de justicia, reparación y no repetición para todos los involucrados en crímenes durante la confrontación.
Mientras tanto, y ya con el sol a las espaldas, el presidente Santos maniobra dentro y fuera del país para no dejar descarrilar la implementación del acuerdo.
El pasado 24 de noviembre, al cumplirse el primer año de la firma del acuerdo de paz, Santos manifestó que si hay algo en que coinciden el partido de la FARC y la oposición de derechas, es que ven “el vaso medio vacío”, mientras que para su Gobierno está “medio lleno”.
Santos se reunió ese día con el líder de la FARC, Rodrigo Londoño, para evaluar los avances del acuerdo, y acordaron realizar reuniones periódicas para vigilar el cumplimiento de lo pactado y evaluar posibles dificultades que se presenten en el futuro.
El presidente no deja escapar oportunidad para recordar que en este Gobierno y para la implementación de la paz se han aprobado iniciativas como la de amnistía e indulto, la Ley Estatutaria de la JEP y el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, que no es otra cosa que la prohibición del paramilitarismo.
También, el Estatuto de la Oposición, que busca darle la oportunidad a los movimientos políticos minoritarios o declarados en contra del Gobierno para acceder a los medios de comunicación, entre otras garantías.
Además, Santos ha dictado más de 30 decretos con fuerza de ley, algunos de ellos en revisión de la Corte Constitucional, siempre con la intención de avanzar en la implementación del acuerdo.
Capítulo aparte se vivió en los últimos días entre el Gobierno, el Congreso y la FARC por cuenta de la polémica votación en el Senado para la creación de 16 circunscripciones especiales de paz para las víctimas del conflicto armado.
La votación de la reforma constitucional que crea esas circunscripciones tuvo 50 votos a favor y siete en contra, lo que, según la mesa directiva del Senado fue insuficiente pues se requerían 51 apoyos de un total de 102 senadores.
Santos argumenta que la iniciativa sí fue aprobada porque hay tres senadores en la cárcel con lo cual la base se reduce a 99 y en ese caso 50 votos hacen mayoría, informa Efe.
Así, entre altas y bajas terminó el período del “fast track” al que seguirá uno de pulsos entre las diferentes fuerzas políticas que ven que Santos está de salida y el país “ad portas” de un año electoral, lo que deja la gobernabilidad en situación precaria.
