La Procuraduría General de la Nación solicitó al director de la DIAN, Santiago Rojas, información sobre la existencia de procesos contra miembros del Congreso de la República, magistrados y otros funcionarios y exfuncionarios involucrados en denuncias de corrupción ante la Fiscalía y los entes de control.
A través de la Delegada para la Economía y Hacienda Pública se busca establecer si estos servidores públicos declararon a la administración de impuestos los ingresos que presuntamente recibieron de empresas o personas naturales con el fin de que favorecieran los intereses de estos en cumplimiento de sus funciones.
Igualmente, pidió información sobre las investigaciones que involucren sociedades en que tales personas aparezcan como representantes legales, accionistas o controlantes, así como los movimientos de divisas realizados por las mismas.
Para la Procuraduría “el objeto de esta solicitud es establecer si todas las posibles repercusiones de conductas irregulares están siendo consideradas por las instancias competentes, de modo que aquellas reciban no solo el rechazo social, sino el peso completo de la ley”.