La Universidad de Cundinamarca demandó a la Nación en un proceso en donde reclamará las transferencias de los años 1993 y 1994 que adeuda el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la UDEC, además pide que se restablezca la base de transferencia a la institución a fin de garantizar que el servicio público educativo para que su prestación sea eficiente y oportuno.
La audiencia pública se realizará este martes 13 de febrero a las 2:00 p.m. en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Bogotá.
Según la institución, el panorama actual de las transferencias realizadas por el Ministerio de Educación a las universidades públicas durante la vigencia de la Ley 30 de 1992 no corresponde a las necesidades de las universidades, ya que presentan inequidades significativas al no tener en cuenta los factores como cobertura, aprestamiento de programas para acreditación de alta calidad y las necesidades propias de las universidades de la región.
“Para el caso de la Universidad de Cundinamarca una institución del departamento con más de 13.901 estudiantes la realidad es crítica, no sólo tiene la base de trasferencias congelada bajo una política de actualización monetaria y nunca creciente, sino que la Nación no realizó las trasferencias de los años 1993 y 1994, y tampoco tuvo en cuenta en el año 1995 reajustar las transferencias con base en el presupuesto de rentas y gastos de la UDEC”, detalló la universidad.
Los recursos a las instituciones públicas de educación superior se encuentran congelados desde el año de 1993, pues el modelo de financiación a la educación pública superior partió del presupuesto de gastos y rentas a partir de dicho año, y en lo sucesivo las transferencias año a año, no son incrementadas, sino actualizadas para que no pierdan su valor monetario.
Esto sin entrar a considerar que la nómina del personal docente y administrativo suele incrementar en cifras superiores al IPC, y el número de estudiantes no es el mismo al de la década de los 90´s, y en la actualidad los gastos de funcionamiento e inversión superan los presupuestado en el año 1993 y a la fecha se encuentra actualizado y no acrecentado monetariamente.
“Si la acción popular fuese favorable y al ampararse los derechos colectivos se lograría que la Universidad de Cundinamarca pudiera ofertar programas de mejor calidad teniendo en cuenta que la calidad implica recursos. Además, se podría garantizar mayor número de docentes de planta, más movilidad académica, mejores instalaciones, infraestructura, entre otros aspectos”, explicó Guillermo Ernesto Polanco Jiménez, abogado demandante y representante de la Institución.
