El pueblo indígena alega que el Estado colombiano aprobó explotaciones petroleras y de extracción de gas en territorio histórico.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebra este martes y miércoles en Chile las vistas orales de la causa que enfrenta al pueblo originario U’wa y al Estado colombiano por presuntamente haber vulnerado su derecho a administrar su territorio.
En la acusación, tanto el pueblo originario como organizaciones ambientalistas, alegan que Colombia aprobó explotaciones petroleras y de extracción de gas en territorio histórico de los U’wa sin pedir antes su consentimiento, una obligación que “recoge la legislación colombiana”.
“Los U’wa ven los recursos de la tierra como algo sagrado y, si no se dan garantías para decidir sobre sus terrenos, se violentan los derechos no solamente territoriales, sino también culturales”, expresó la representante de la ONG EarthRights, Juliana Bravo, que forma parte de la acusación.
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“Se viola el derecho a la vida digna y a vivir de acuerdo con su cosmovisión como nación”, agregó antes del inicio de la audiencia pública.
Con una población de cerca de 13.000 personas, los U’wa se extienden principalmente por los departamentos andinos colombianos de Boyacá, Arauca, Norte de Santander, Casanare y Santander, aunque su territorio histórico también alberga varios Estados de Venezuela.
El conflicto con el Estado colombiano se remonta a la década de 1990, cuando el Gobierno inició varias exploraciones petroleras en zona de los U’wa en contra del criterio de las autoridades indígenas.
La legislación colombiana establece que, para llevar a cabo una acción administrativa o judicial que afecte a algún pueblo originario, hace falta una consulta previa con los pueblos indígenas afectados.
La última instancia judicial en Colombia falló a favor del Estado, pero los U’wa alegan que su decisión debería ser vinculante.
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Ebaristo Tegría, uno de los representantes de los U’wa, sostuvo que la sentencia de la corte marcará jurisprudencia no solo para su “nación”, sino para otros pueblos indígenas de Colombia y Latinoamérica.
“En el fondo de la causa en la Corte Interamericana está la garantía y el derecho de la autodeterminación de los pueblos indígenas a decidir qué es lo que quieren hacer en sus territorios, a respetar que se pueda respetar sus modos de vida”, remarcó Tegría.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 4,4 % de la población pertenece a alguno del centenar de pueblos originarios que se reconocen en el país, con más de 1,9 millones de personas que se autodefinen como “indígenas”.
EFE
