La Justicia chilena volvió a decretar este miércoles prisión preventiva para el exagente que dejó ciega a Fabiola Campillai, una de las víctimas más emblemáticas de los abusos policiales durante las protestas de 2019, y cuyo supuesto agresor está fuera de la cárcel desde agosto pasado.
Según confirmó el Ministerio Público, el excapitán del cuerpo policial de Carabineros Patricio Maturana volverá a prisión por causar “lesiones graves, gravísimas” a Campillai, una mujer de 36 años, que quedó ciega tras recibir el impacto de un bote de gas lacrimógeno en el rostro cuando esperaba el autobús para dirigirse a su trabajo.
Los hechos tuvieron lugar en octubre de 2019, en el marco de la mayor crisis social que vivió Chile en sus 31 años de democracia, con manifestaciones que reclamaban un modelo socioeconómico más justo y que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.
El caso de Campillai y el de Gustavo Gatica, el otro joven que perdió la vista, dieron la vuelta al mundo y visibilizaron la epidemia de mutilados oculares provocados por la violencia policial durante las marchas.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el saldo fue de 460 víctimas de trauma ocular derivadas de las manifestaciones.
Maturana fue desvinculado del cuerpo Carabineros —donde ocupaba el cargo de capitán— y detenido el pasado agosto. Sin embargo, y tras una semana de prisión preventiva, se revocó esta medida cautelar y se le dejó bajo arresto domiciliario.
Desde entonces, Campillai inició una campaña contra viento y marea para que su supuesto agresor volviera a prisión, una situación de la que se ha hecho eco Amnistía Internacional (AI), que pidió celeridad en la investigación de su caso.
Durante la crisis social se produjeron innumerables episodios de violencia extrema con saqueos e incendios, así como otros tantos episodios de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad que han denunciado organizaciones internacionales como Human Rights Watch, AI o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El presidente conservador Sebastián Piñera —que ha negado reiteradamente que existiera una política sistemática para reprimir las marchas, aunque sí reconoce que hubo “atropellos a los derechos humanos“— se comprometió a reformar el cuerpo policial, que lleva dos años en el punto de mira.
En paralelo, y como vía para amainar la crisis social, el país inició un proceso de redacción de una nueva Constitución para sustituir a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país. EFE
