La Fiscalía General de la Nación decidió no suspender, por ahora, las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos Jobanis de Jesús Ávila, alias ‘Chiquito Malo’, máximo jefe de esa organización criminal y solicitado en extradición por Estados Unidos. La determinación fue adoptada mediante una resolución firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo.
La decisión se conoce en medio del proceso de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con el grupo armado, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con el objetivo de avanzar hacia un eventual sometimiento colectivo a la justicia.
Según explicó la Fiscalía, la suspensión de las órdenes de captura no será automática ni inmediata, pues primero deberá verificarse el cumplimiento de una serie de compromisos relacionados con el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Fiscalía condiciona beneficios para el Clan del Golfo
Dentro de las exigencias planteadas por el ente acusador se encuentran el cese de acciones armadas, la entrega de menores reclutados, el desmonte de economías ilegales y la desarticulación de las estructuras criminales vinculadas al Clan del Golfo.
La Fiscalía también anunció que realizará una verificación detallada del listado enviado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, en el que aparecen los 29 integrantes incluidos en la solicitud del Gobierno. El análisis incluirá la plena identificación de cada persona, su situación judicial y la existencia de órdenes de captura vigentes.
Además, la entidad aclaró que las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) no significan una autorización general de movilidad ni representan el cierre del proceso de sometimiento. Según indicó, estas zonas buscan facilitar la concentración y eventual desmovilización de los integrantes del grupo armado.
Las condiciones para suspender las órdenes de captura
La resolución establece que cualquier medida relacionada con la suspensión temporal de las órdenes de captura solo podrá entrar en vigencia a partir del 25 de junio de 2026, fecha prevista para el inicio formal de las Zonas de Ubicación Temporal.
Entre los aspectos que serán evaluados por la Fiscalía están el cese de hostilidades, la entrega de armas, la ubicación de personas desaparecidas, el desminado y el fin de las actividades económicas ilícitas que financian al Clan del Golfo.
La entidad también señaló que el avance de las conversaciones no suspende las funciones constitucionales de investigación y judicialización. Por ello, los procesos penales continuarán mientras no exista una decisión definitiva dentro del marco legal correspondiente.
El caso de alias ‘Chiquito Malo’ y la solicitud de extradición
Uno de los nombres que más llamó la atención dentro del listado es el de alias ‘Chiquito Malo’, señalado como máximo jefe del Clan del Golfo tras la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’. Sobre él pesa una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.
La Corte Suprema de Justicia ya había emitido concepto favorable para la extradición de Ávila Villadiego desde diciembre de 2025. Ante este escenario, la Fiscalía reiteró la necesidad de mantener los compromisos de cooperación judicial internacional suscritos por Colombia.
En el listado remitido por el Gobierno también figuran otros integrantes de la organización como Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña y Luis Enrique Martínez Cogollo, quienes buscan ser incluidos dentro de las medidas de acercamiento planteadas en las conversaciones.
Qué sigue en el proceso con el Clan del Golfo
La decisión de la Fiscalía representa un nuevo filtro jurídico dentro del proceso de acercamientos entre el Gobierno y el Clan del Golfo. Aunque el Ejecutivo había solicitado la suspensión de las órdenes de captura para facilitar el traslado de los integrantes a las ZUT, el ente acusador optó por condicionar cualquier beneficio al cumplimiento efectivo de compromisos verificables.
En las próximas semanas se espera que la Fiscalía avance en la revisión individual de cada caso y determine si existen garantías suficientes para aplicar medidas temporales dentro del proceso de sometimiento. Mientras tanto, las órdenes de captura seguirán vigentes hasta nueva decisión.
El Gobierno nacional mantiene la apuesta por las conversaciones con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, mientras sectores políticos y judiciales siguen atentos a las implicaciones legales y de seguridad que tendría una eventual suspensión de capturas contra los principales cabecillas de esa organización armada.
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