La presión de grupos armados en puestos de votación volvió a generar preocupación en Colombia a pocos días de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo. Un informe del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) alertó sobre posibles afectaciones al voto libre en diferentes regiones del país.
Según el estudio, fueron identificados más de mil puestos de votación con comportamientos considerados atípicos en zonas donde existe presencia de actores armados ilegales y economías ilícitas.
El análisis advierte sobre situaciones relacionadas con intimidaciones, restricciones a la movilidad, vigilancia comunitaria y presunta compra de votos que podrían influir en el comportamiento electoral de los ciudadanos.
#Elecciones2026| La advertencia encendió las alarmas sobre el panorama electoral en Colombia. El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) identificó riesgos de interferencia de grupos armados ilegales y estructuras criminales en 15 departamentos durante las… pic.twitter.com/d1wmNRNvQk
— Jean-Pierre Serna (@jpserna) May 19, 2026
Presión de grupos armados en puestos de votación preocupa antes de las elecciones
El informe denominado “Votar con miedo” fue elaborado por el ICP junto a la Fundación Colombia 2050 y contó con el apoyo de más de 120 observadores desplegados en distintas regiones del país.
De acuerdo con el documento, el 7,6 % de los puestos de votación analizados presentaron patrones inusuales que podrían estar relacionados con presiones indebidas sobre los electores.
La investigación tomó como referencia las elecciones legislativas realizadas en marzo y detectó 1.019 puestos de votación con comportamientos considerados irregulares, en los que se concentraron más de 327.000 votos efectivos.
Las regiones donde se reportan mayores riesgos electorales
El documento menciona casos registrados en departamentos como Caquetá, Guaviare, Cauca, Chocó y Norte de Santander, territorios históricamente afectados por la presencia de organizaciones armadas ilegales.
En estas zonas se reportaron situaciones relacionadas con exigencias del certificado electoral bajo amenazas, restricciones al transporte de personas vinculadas a campañas políticas y presencia de hombres armados cerca de puestos de votación.
Los investigadores advirtieron que, en muchos casos, el temor de las comunidades impediría que las denuncias sean visibles ante las autoridades o los organismos de control electoral.
El debate por audios y presuntas amenazas electorales
La discusión sobre posibles presiones electorales tomó fuerza durante los últimos días tras la circulación de un audio atribuido inicialmente a las disidencias de las FARC.
En el material se escuchaba a un hombre pidiendo apoyar electoralmente al candidato Iván Cepeda y advirtiendo supuestas sanciones económicas contra campesinos que no siguieran la instrucción.
Sin embargo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró posteriormente que se trataba de un caso de extorsión carcelaria y descartó vínculos directos con organizaciones guerrilleras.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro pidió evitar que el miedo y la desinformación afecten el debate democrático y llamó a mantener las discusiones políticas dentro del respeto y los argumentos.
La compra de votos sigue siendo una preocupación en Colombia
El informe también alertó sobre el crecimiento de la compra de votos como una práctica que, según la organización, dejó de ser aislada para convertirse en un mecanismo más estructurado de presión electoral.
De acuerdo con los hallazgos, en algunos territorios se habrían ofrecido pagos que oscilaron entre los 20.000 y 500.000 pesos a cambio del apoyo político de los ciudadanos.
El documento concluye que el principal riesgo para la transparencia electoral estaría ocurriendo antes de la llegada de los votantes a las urnas, especialmente en zonas donde existe control territorial de grupos ilegales.
Qué sigue frente a las alertas electorales en Colombia
Las organizaciones que participaron en el informe insistieron en la necesidad de fortalecer la observación nacional e internacional en los territorios considerados de mayor riesgo durante las próximas elecciones.
Asimismo, pidieron a las autoridades garantizar condiciones de seguridad para los ciudadanos y reforzar los mecanismos de denuncia frente a posibles casos de intimidación o presión política.
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