El presidente Gustavo Petro reiteró desde el municipio de Timbío, Cauca, que presentará una denuncia penal por prevaricato contra el magistrado del Consejo de Estado Juan Enrique Bedoya Escobar, ponente del fallo del 11 de mayo de 2026 que suspendió el Decreto 415 del 20 de abril, el cual ordenaba trasladar cerca de $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.
La declaración de Petro se produjo durante la inauguración de un hospital en Timbío y amplió el enfrentamiento que el mandatario ya había iniciado en su cuenta de X el 11 de mayo, cuando escribió: “Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”. La suspensión del decreto dejó en vilo a más de 117.000 afiliados que habían solicitado el traslado al régimen público administrado por Colpensiones.
En el mismo acto, el jefe de Estado extendió sus acusaciones a Andrés Mauricio Velasco, director de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), a quien calificó de “ladrón” y anunció que también presentará denuncia penal en su contra. “Si los banqueros no trasladan los ahorros que no les pertenecen a los trabajadores que se han pensionado, ya dijo el director de Asofondos que esta acción de trasladarse a Colpensiones es una renuncia del ahorro, ¡ladrón! Y también se denuncia penalmente”, expresó el mandatario.
Petro contra el Consejo de Estado: qué dice el Decreto 415 suspendido
El Decreto 415 de 2026, expedido por los ministerios de Trabajo y Hacienda, buscaba acelerar el traslado de activos pensionales desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones para fortalecer la liquidez del régimen público y reducir presiones fiscales. La norma contemplaba mover recursos de pensionados bajo modalidad de retiro programado que reciben un salario mínimo, y de afiliados cobijados por el régimen de transición de la Ley 2381 de 2024 que optaron por migrar al sistema público. El Consejo de Estado suspendió el decreto al concluir que el Ejecutivo excedió su potestad reglamentaria, pues la ley establecía que esos recursos debían permanecer en las cuentas individuales de las AFP hasta la consolidación del derecho pensional.
El alto tribunal también advirtió que los recursos deberían haberse dirigido al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, administrado por el Banco de la República, y no directamente al flujo de gasto corriente de Colpensiones. La decisión fue adoptada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado al resolver en bloque cinco demandas ciudadanas presentadas contra la norma.
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Petro solo: su propio ministro de Justicia rechazó la vía penal
La postura del presidente Petro no contó con respaldo unánime dentro del propio Gobierno. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se apartó públicamente de la iniciativa y señaló que trasladar la disputa al terreno penal “no es la vía”. “No estaba de acuerdo en que esta situación específica se trasladara a una discusión penal. Me parece que esa no es la vía, no resuelve el problema”, afirmó el ministro, quien además indicó que el Gobierno dispone del recurso de súplica como herramienta jurídica válida para controvertir el fallo.
El Consejo de Estado, por su parte, respondió al mandatario con un comunicado en el que señaló que el “tono incendiario del Primer Mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido” e invocó el principio constitucional de separación de poderes. El magistrado Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, también defendió la legitimidad de las decisiones judiciales y pidió que las diferencias institucionales se tramiten dentro del marco democrático. El presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, Hermens Lara, comparó la situación con episodios ocurridos en Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde gobiernos buscaron influir sobre las altas cortes.
Qué sigue en el pulso de Petro con las cortes por Colpensiones
Con la denuncia penal contra el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar en trámite y las acusaciones contra el director de Asofondos, el conflicto entre el Ejecutivo y la rama judicial escala a un nivel sin precedentes en el cuatrienio de Petro. Los recursos de más de 117.000 afiliados permanecen bloqueados mientras la Corte Constitucional aún no ha definido la vigencia plena de la reforma pensional establecida en la Ley 2381 de 2024. Juristas consultados por distintos medios señalaron que la denuncia por prevaricato enfrenta obstáculos procesales significativos, dado que la investigación de magistrados corresponde a la Cámara de Representantes y su juzgamiento a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
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